Una de cal...
LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires no adherirá finalmente al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo. La gobernadora María Eugenia Vidal se negó a publicar en el Boletín Oficial la resolución 2095, que firmó su ministra de Salud, Zulma Ortiz, el martes pasado, para que ese distrito se sume al protocolo.
La gobernadora ordenó a la ministra Ortiz, además, dictar una resolución que deje sin efecto la anterior. La polémica por el aborto dividió al gabinete de Vidal. El debate se trasladó a los intendentes y a los círculos académicos.
Ortiz, una reconocida médica, tomó la decisión de adherir al protocolo nacional de la interrupción legal del embarazo con un criterio sanitarista y con la intención de reducir las muertes maternas.
La resolución de Salud no habría sido consultada con Vidal antes de su publicación, según trascendió ayer en esta ciudad.
Ya el año pasado, en un reportaje radial, Vidal había dicho: "Salvo en casos de riesgo de vida para la mamá y los casos previstos en el Código Civil, yo no estoy de acuerdo". Una vez al frente del gobierno provincial, Vidal se inclinó por una posición contraria a la de su ministra.
El documento ahora anulado, que trascendió el martes último, pretendía eliminar las barreras de acceso a la interrupción del embarazo y sólo regía en las causales de peligro de vida de la mamá, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Esta resolución permitía hacer la práctica de interrupción del embarazo de manera ambulatoria en los centros de atención primaria de salud.
También preveía brindar atención integral para la interrupción legal del embarazo en todos los niveles del sistema de salud para atender a mujeres que presentaran eventuales complicaciones en etapas más avanzadas del embarazo o cuando hubiera un compromiso de salud y fuera conveniente realizar el procedimiento bajo supervisión médica estricta.
Además, establecía como esencial identificar precozmente a las mujeres que presentan un embarazo en el contexto de las causales de la interrupción legal del embarazo; realizar la orientación en las opciones, y, si la mujer decidiera interrumpir la gestación, "no demorar la práctica".
También recomendaba para las mujeres que transitaran un embarazo no deseado, pero que no se encuadraran en las causales para realizar una interrupción legal, "una consejería en reducción de riesgos y daños para evitar situaciones de abortos inseguros y la consecuente morbimortalidad materna".
Esta resolución nunca se llegó a publicar en el Boletín Oficial. No sólo chocó con la reprobación de la Iglesia. En la intimidad del gabinete provincial se topó con el rechazo del secretario legal y técnico Julio Conte Grand -que advirtió sobre la existencia de un protocolo provincial vigente- y otros funcionarios, como el ministro de la Producción, Joaquín de la Torre.
Además, se topó con la reprobación de la mayoría de los intendentes peronistas que, movilizados por Gustavo Menéndez, firmaron en enero pasado el pacto Pro Vida de San Antonio de Padua. También lo suscribieron Juan Zabaleta (Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Etcheverría), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Eduardo Bucca (Bolívar) y Ariel Sujarchuk (Escobar).
Ayer, Menéndez dijo a LA NACION: "Estoy a favor de la vida desde la concepción. Dentro del grupo hay personas que tienen otra mirada del asunto". Magario tuvo una postura distinta: "Creo que hay situaciones de violencia, violación y discapacidad para las que este protocolo debe ser puesto en marcha. Hemos visto muchos casos que nos entristecen muchísimo".
Magario agregó: "Ésta no puede ser una decisión individual, debe ser una situación del conjunto. Hay situaciones catastróficas que ponen en riesgo la vida de las chicas. En defensa de la vida esto debe llevar adelante una discusión. Pero no debe ser esa clandestinidad que lleva a la muerte a muchas mujeres".
La decana de la Facultad de Medicina de La Plata, Ana Lía Errecalde, fue tajante: "Nuestra posición siempre fue en contra de legalizar el aborto, en cualquier circunstancia".
(http://www.lanacion.com.ar/1950446-buenos-aires-no-adherira-al-protocolo-nacional-de-interrupcion-del-embarazo)
Y otra de arena...
María Eugenia Vidal informó que dejará por el momento en suspenso la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al “Protocolo Nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”. Según informa La Nación, la decisión se basó en la necesidad de “darle intervención al área de niñez, a los gremios por el tema de la objeción de conciencia, y a la justicia para evitar la judicialización”. Sin embargo la gobernadora recalcó que el distrito "ya tiene un protocolo" y "mientras esas tres áreas intervienen, el protocolo está vigente. Un director de un hospital público está obligado a aplicar ese protocolo de acuerdo a esa normas”, haciendo referencia al protocolo bonaerense vigente por Resolución provincial 3146/2012.
El anuncio de Vidal se debe a que la semana pasada, Silvina Ramos, socióloga, feminista y Coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la gobernación bonaerense, comunicó que, mediante la Resolución 2095/2016 de la Ministra de Salud Zulma Ortiz, la provincia iba a adherir el Protocolo Nacional de Aborto no punible.
Según informa Notivida, la resolución de la Ministra tuvo resistencia desde dentro del propio gabinete de Vidal por el secretario de Legal y Técnica Julio Conte Grand y por el ministro de la Producción Joaquín de la Torre, pero también por fuera de la administración provincial, ya que fue rechazada por los intendentes peronistas que firmaron el pacto de San Antonio de Padua, por el cual los mismos se comprometieron a proteger la familia y la vida desde la concepción. Por su parte, la agencia católica AICA incluye también dentro de la oposición a la medida ministerial a partidos políticos como la Democracia Cristiana y a organismos no gubernamentales pro vida, como la asociación civil Familias del Mundo Unidas por la Paz (Fampaz).
En consecuencia, acorralada desde varios flancos, a Vidal no le quedó otra que dar marcha atrás. Pero ello es sólo aparente, ya que lo único que hizo es frenar por el momento la adhesión. Además, la misma gobernadora afirmó que se debe seguir con el protocolo provincial, para lo cual implementó la compra de drogas abortivas por licitación pública (N° 150/16, Publicada en el B.O. Nº 27.805, 15/06/2016). Por ello, la feminista Silvina Ramos se vanagloria diciendo que “por primera vez la Provincia compró insumos, anticonceptivos y misoprostol a través de licitación pública”.
(http://accionnacionalcatolica.blogspot.com.ar/2016/10/pour-la-galerie-acorralada-la-perversa.html)
No hay comentarios:
Publicar un comentario