La Iglesia Católica en Argentina ha expresado su rotundo rechazo al protocolo ILE propuesto por el nuevo ministro de Salud, Ginés González, que permitiría practicar el aborto a los 13 años, incluso sin el consentimiento de los padres, e introducir nuevos medicamentos abortivos como la mifepristona.
Ciudad del Vaticano
Permitir el aborto a los 13 años, incluso sin el consentimiento de los padres, e introducir nuevos medicamentos para el aborto, como la mifepristona: estas son las medidas anunciadas en Argentina por el nuevo ministro de Salud, Ginés González García, para implementar el llamado "ILE", o Protocolo de interrupción legal del embarazo. En la actualidad, el aborto en el país sudamericano sólo es legal en caso de violación o cuando la salud de la mujer está en riesgo. Las nuevas medidas tienen por objeto legalizarlo a todos los efectos, a pesar de que el Senado ya ha votado en contra.
Al respecto la Iglesia Católica en este país ha expresado su rotundo rechazo: Monseñor Alberto Germán Bochatey, O.S.A., presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, reitera que la promulgación de este Protocolo a través del Ministerio obliga, de hecho, a las Provincias de Argentina a adherirse a él y, en consecuencia, implica la introducción del aborto libre en toda la nación.
Asimismo, el prelado se detiene en algunos puntos particularmente críticos del ILE: en primer lugar, "no respeta la objeción de conciencia"; en segundo lugar, cuando el Protocolo se refiere a la salud de las mujeres, "incluye muchos factores que no tienen nada que ver con el riesgo de vida o con la violación". De esta manera, "se modifica el concepto de salud integral, que incluye el aspecto físico, mental y social".
Comentando, además, las declaraciones del ministro González García según las cuales "quien no quiere el Protocolo no respeta la ley", el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud responde: "La ley está por encima del Protocolo, que es una mera regulación ministerial que ni siquiera requiere la aprobación del Presidente".
Por último, el prelado señala que estas decisiones ministeriales limitan "el debate democrático", lo que conduce a la aplicación de normas no deseadas por la población y deja fuera un factor fundamental: el aborto "no es simplemente una cuestión de salud pública o de administración de medicamentos, porque es algo mucho más profundo. Se trata de la vida".
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