(Aciprensa)- El miércoles 30 de diciembre, tras 12 horas de debate, el Senado de Argentina aprobó el proyecto de legalización del aborto impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández.
El proyecto que ingresó al Congreso de la Nación el 2 de diciembre, como una promesa de campaña de Fernández, obtuvo 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.
Antes de la sesión de votación, la senadora provida electa por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, dijo el 29 de diciembre que si el proyecto era aprobado, presentarán un recurso de amparo por “inconstitucionalidad” y lo confirmó durante su intervención en el pleno.
“Este proyecto lamentablemente no pasa ningún test de constitucionalidad y convencionalidad” ya que “Argentina ha tenido los máximos niveles de protección de la vida por nacer”, y se plasman en “la Constitución y los tratados internacionales”, expresó la senadora en la sala.
“Nuestro Estado se ha obligado a preservar la vida desde la concepción” por eso es contradictorio que “hoy se imponga el aborto”, agregó.
Desde lo político, “un Estado se organiza en función de la protección del más vulnerable” entonces, “quien puede tener semejante poder” y decidir “¿quién es persona y quién no?”, cuestionó Elías de Pérez.
“El derecho a la vida es el más importante de todos, anterior a todos los derechos por eso no podemos definirlo por una mayoría circunstancial”. “No podemos hablar de una democracia sana si esta mayoría puede avanzar sobre los más vulnerables”, añadió.
“Cuánto dolor hace falta en la Argentina para que entendamos” y “aprendamos cuánto vale la vida”.
“Esta ley va a ser inconstitucional y presentarán recursos a lo largo y ancho de Argentina hasta que cualquier juez la declare inconstitucional”, aseguró.
“Tienen que saber que la verdadera mayoría” son mujeres y hombres “que con su corazón celeste han teñido la Argentina y siguen apostando por la vida”.
“A ellos les digo: esto no está perdido, esto recién comienza porque la batalla por la vida no se pierde nunca. La fuerza de la vida siempre grana”, finalizó Silvia Elías de Pérez.
La senadora por Santa Cruz, María Belén Tapia, denunció la aceleración del trámite de la ley del aborto, llegando incluso a la modificación de sesiones para alcanzar los tiempos de dictamen. Recordó que ya en 2018 el Congreso había rechazado legalizar esta práctica.
“Había que meter el aborto como sea, incluso por la ventana”, expresó. “El gobierno diseñó la estrategia para el tratamiento en ambas cámaras, para favorecer el avance del proyecto en las distintas instancias parlamentarias”, denunció.
Tampoco fueron consideradas las observaciones presentadas al proyecto antivida, agregó.
“Un plan maestro” “¿creen que la sociedad no se da cuenta?”. “Aprovecharon la virtualidad y de no tener al alcance nuestra labor parlamentaria”, “tuvieron que salir a quebrar voluntades y conciencias para lograr los votos”, acusó.
En tanto, el senador por Jujuy, Mario Fiad, expresó que el proyecto “busca avanzar con una mirada sesgada sobre lo que ocurre en nuestra Argentina, que es amplia, diversa y late con ritmo propio en cada rincón”.
En ese sentido, el senador afirmó que “el aborto es, sin dudas, un drama social que se presenta como la solución a mano y que no evitará ninguna de las problemáticas de fondo”.
“Se nos dice que las niñas no deben maternar y de eso no tenemos dudas, las niñas no deben ser abusadas ni sometidas. ¿Este proyecto resuelve algo de eso? No, pasa a la clandestinidad a la violación, el abuso, la pobreza, la violencia y las desigualdades”, destacó.
A su turno el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, recordó que el proyecto niega la condición de persona y el derecho a la vida del niño por nacer, olvida las obligaciones y derechos del padre y “vulnera la constitución de 13 provincias”.
Además, aseguró que “esto no es una decisión política”, “atraviesa toda la sociedad”, por ello “la conciencia institucional, jurídica y ética debe impulsarnos a rechazar enfáticamente” este proyecto.
El proyecto aprobado permite el aborto hasta las 14 semanas de gestación. El documento no establece ninguna causal para pedir esta práctica.
A partir de ese plazo es posible solicitarlo por violación. Para acceder el aborto basta con hacer el pedido y que las mujeres mayores de 16 años firmen una declaración jurada.
Para las menores de los 13 años “la declaración jurada no será requerida” y entre los 13 y los 16 años se requerirá solo un “consentimiento informado” por escrito.
Si por alguna “restricción a la capacidad” la menor no puede dar su consentimiento, entonces deberá darlo con asistencia de su representante legal o, en ausencia de este, de una “persona allegada”.
Después de las 14 semanas de gestación también se puede realizar un aborto bajo la causal de “peligro para la vida o la salud integral” de la madre.
La palabra “integral” fue cuestionada por el senador de Río Negro, Alberto Weretilneck, por su imprecisión y amplitud.
Por ello, la senadora y presidenta de la comisión Banca de la Mujer, Norma Durango, precisó al iniciar el debate que “al momento de la promulgación” se vetará parcialmente el proyecto para luego quitar esa palabra.
De esta manera, el oficialismo logró un voto más para el proyecto del aborto.
El proyecto dice que el aborto se debe realizar en un plazo máximo de 10 días y el personal de salud debe “garantizar las condiciones mínimas y derechos” en la atención del aborto y el periodo postaborto.
En ese sentido exige que se proporcione información sobre los distintos métodos abortivos, los alcances y consecuencias de la práctica y los derechos de la mujer “a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita”.
En cuanto a la objeción de conciencia institucional, el proyecto señala que el profesional de salud que objeta, debe “prever y disponer la derivación a un efector que realice” el aborto.
En agosto de 2018 un proyecto para despenalizar el aborto fue rechazado en el Senado argentino por 38 votos contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia.
Sin embargo, en un nuevo intento del lobby abortista y como parte de las promesas electorales de Fernández, el 1 de diciembre comenzó a tramitarse en forma exprés un nuevo proyecto de legalización del aborto ingresado desde el Poder Ejecutivo.
Este fue aprobado el 11 de diciembre por la Cámara de Diputados y recibió el dictamen favorable de las comisiones del Senado el 17 de diciembre.
En ese complejo escenario, la marea celeste realizó multitudinarias marchas en todo el país, se convocó a jornadas de oración y ayuno, e incluso diversas encuestas arrojaron que una amplia mayoría en el país está en contra del aborto porque no es una prioridad para Argentina.
Una encuesta de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), realizada entre el 20 y 24 de diciembre, reveló que el 93% de argentinos está en contra del proyecto de legalización del aborto y que el 92% piensa que no es tema de urgencia en la salud pública.
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