Hipocresía ecológica

Un artículo del diario elmundo.es, en su edición del 6 de octubre de 2005, informaba acerca de la decisión de la municipalidad de Madrid de multar con hasta 500.000 euros a aquel que corte, tale, o dañe un árbol. La nota dice así:

“La Comunidad de Madrid prohibirá la tala de árboles urbanos en todos los ayuntamientos de la región. Se traslada la responsabilidad última sobre la tala de árboles a los alcaldes.

ELMUNDO.ES (06 de octubre de 2005)

MADRID.- La Ley de Protección del Arbolado, que ha presentado la presidenta de la Comunidad de Madrid al Consejo de Gobierno, prohibirá la tala de todos los árboles situados en zonas urbanas de la región que tengan más de diez años de edad o un diámetro superior a los 20 centímetros de tronco. Será una ley que persigue "equiparar el árbol urbano con el de los montes", y que prevé sanciones de hasta 500.000 euros para quienes la incumplan.

Esta normativa prohíbe la tala de cualquier ejemplar situado en las ciudades de la región o, en su defecto, establece el trasplante obligatorio del mismo. Sólo cuando se demuestre la inviabilidad del trasplante será el alcalde del municipio correspondiente el que podrá autorizar la tala "con carácter excepcionalísimo e individualizado" para cada ejemplar. También condena las podas "drásticas e indiscriminadas" de árboles, a excepción de cuando exista peligro para la seguridad vial o peatonal.

En el caso de que el arbolado se vea necesariamente afectado por obras de reparación, reforma o construcción de infraestructuras también se deberá proceder a su trasplante a no ser que el alcalde emita una "autorización debidamente motivada". En este caso, esto es, cuando la tala sea la única alternativa, se exigirá la plantación de un ejemplar por cada año de edad del árbol y, si este dato fuera desconocido, se plantarán 50 ejemplares por cada pie eliminado.

Con esta ley, por tanto, se traslada la responsabilidad última sobre la tala a los alcaldes, ya que son ellos quienes tienen que autorizarla. Esta iniciativa llega en un momento significativo políticamente dada la gran cantidad de críticas que ha recibido en los últimos meses el consistorio madrileño por este tema.

Protección del patrimonio vegetal

Según anunció Esperanza Aguirre tras el Consejo de Gobierno que aprobó el texto -que posteriormente se remitirá a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria-, el Gobierno de la Comunidad se está "tomando muy en serio" la protección del patrimonio vegetal en la región.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han explicado a elmundo.es que la ley tratará de asegurar "que se trate por igual a todo el arbolado de nuestra región, sea urbano o de monte". Para ello, la Comunidad no sólo prohibirá los daños irreversibles al arbolado, sino que prevé una serie de medidas compensatorias para el caso de que se tenga que producir una tala.

La Ley de Protección del Arbolado tiene también una función sancionadora, que prevé multas de entre 300 y hasta 500.000 euros para quienes dañen ejemplares. Además, aunque los ayuntamientos serán los encargados de vigilar y sancionar, la Comunidad tendrá un registro con las sanciones impuestas, y todo el que tenga su nombre en ese listado estará excluido durante cinco años para las licitaciones de la Administración Pública”.

Según la información recogida en el diario, si alguien tala un árbol en Madrid, puede recibir una multa de 500.000 euros. Esto demuestra una alta conciencia ecológica, un gran respeto por las especies arbóreas, una gran conciencia naturista, que no duda en aplicar todo el rigor de la ley cuando un árbol ve amenazada su existencia. La severidad de la multa demuestra que los concejales, diputados, empresas, abogados, legisladores, hombres y mujeres comunes -es decir, todos los que estuvieron implicados en la ley-, poseen una gran estima por la naturaleza y una gran conciencia ecológica. El “patrimonio vegetal” puede descansar tranquilo, pues tiene quién lo proteja.

Pero lo que no se dice en la noticia es que, si esa persona, al mismo tiempo que evita cortar un árbol, decide cometer un aborto –inducirlo, practicarlo, aconsejarlo-, no sólo no recibe ninguna multa ni apercibimiento, sino que es tentado a hacerlo, por medio de un sistema de clínicas y hospitales de media y alta gama, que le garantizan el “éxito” porque están “acreditados” para ello.

¿Y quién los acredita? ¿Quién los capacita? ¿Quién les autoriza a hacer abortos? El mismo municipio, el mismo gobierno, el mismo parlamento, los mismos diputados, que le sancionarán con 500.000 euros, si decide cortar un árbol.

La hipocresía ecológica no puede ser más cínica: mientras se tutela un árbol, al mismo tiempo se deja sin protección legal a un niño que ha sido concebido y que tiene derecho a vivir.

No se puede cortar un árbol, a menos que tengas 500.000 euros. Pero sí se puede eliminar un niño: el costo es muchísimo menor, y no te hacen ninguna multa.