Los obispos cuestionaron la actualización de las guías del Ministerio de Salud
"Va más allá de la legislación vigente y con vicios de inconstitucionalidad", advierte la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina sobre el protocolo para abortos no punibles, que el Ministerio de Salud de la Nación actualizó hace unos días en su página web.
La cartera modificó la guía de 2010: incorporó los lineamientos de un fallo de la Corte Suprema que ratificó en marzo de 2012 que la interrupción del embarazo en caso de violación no está subordinada a un trámite judicial, al interpretar un artículo del Código Penal. El título del documento que publicó el Ministerio incluye un cambio significativo, al referirse a la "interrupción legal de un embarazo (ILE)" -en la versión original se hablaba de "aborto no punible"- como un "derecho" de las mujeres y, también, de las personas trans que pueden concebir. "Este año se requirió su modificación a partir de la necesidad de incorporar aspectos vinculados a la reglamentación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género", aclaró ayer la cartera sanitaria.
El protocolo actualizado establece que no deben mediar autorizaciones judiciales para hacer un aborto en caso de violación, reitera que es de aplicación obligatoria y debe aplicarse en todas las instituciones sanitarias públicas y privadas.
La Iglesia consideró que en el escrito se avanza sobre la legalización de la práctica al referir a la interrupción del embarazo como "un derecho" de las mujeres y criticó al Gobierno por "conculcar deliberadamente derechos humanos básicos".
"El nuevo texto incluye un cambio sustancial respecto al documento anterior al eliminar el concepto de abortos no punibles, sustituyéndolo por «derecho a la interrupción legal del embarazo». Esta terminología evade la realidad jurídica de que no existe en nuestro país un «aborto legal» ni un «derecho al aborto»", se lee.
Los obispos consignan que se amplía "la causal derivada del peligro para la vida y la salud de la madre" y consideran que no se hace referencia a que ese peligro "puede o no ser evitado por otros medios". En este sentido, la Iglesia también apunta que se amplía el impacto a la salud al incluir "el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima".
Otro de los puntos que señalaron se relaciona con lo penal. "Al no favorecer la denuncia cuando el aborto es producto de una violación, la mira del Protocolo parece estar puesto en la eliminación de la persona por nacer, ignorando la responsabilidad del violador y favoreciendo el encubrimiento de un delito gravísimo".
"En una época en que se trata de respetar y cuidar la naturaleza y la vida en todas sus dimensiones, llama la atención que desde el mismo Gobierno se desproteja de este modo la vida humana más vulnerable y que se conculquen deliberadamente derechos humanos básicos", se lee.
La Iglesia cuestiona que los profesionales no puedan alegar objeción de conciencia: "El Protocolo la niega en la práctica cuando obliga a los médicos objetores a practicar un aborto cuando no esté disponible ningún otro profesional dispuesto a eliminar dicha vida".
El mensaje "La vida, primer derecho humano" lleva la firma de la comisión ejecutiva del Episcopado, que preside el arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo, y está integrada por el cardenal Mario Poli (Buenos Aires), monseñor Mario Cargnello (Salta) y monseñor Carlos Malfa (Chascomús)..
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