El Gobierno provincial de Jujuy garantizará la interrupción del embarazo de 23 semanas de una niña de 12 años víctima de abuso por parte de su vecino de 60 años. El caso generó polémica entre los grupos Pro-Vida y miembros de la iglesia jujeña junto a las autoridades médicas quienes se manifestaron en las puertas del Hospital Materno Infantil "Hector Quintana" donde se encontraba internada la menor para exigir que no se realice el aborto .
La niña es oriunda de San Pedro, al interior de la provincia, e ingresó al hospital con un fuerte dolor abdominal. Luego de examinarla, se comprobó que la víctima llevaba un embarazo de 23 semanas producto de la violación de un vecino, quien la había amenazado con lastimar a la familia si contaba lo ocurrido, y ahora se encuentra detenido.
En diálogo con TN, el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, dijo que se respetaría el pedido de la madre y la niña quienes solicitaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y afirmó: "Su caso contempla las tres causales que prevé el Código Penal".
La niña ingresó al Hospital Materno Infantil con un embarazo de 23 semanas de gestación
Es un caso histórico para la provincia porque se trata de la niña más joven y con el embarazo más avanzado en la provincia. Jujuy tiene la mayor tasa de embarazo en niñas menores de 15 años.
Si bien no se confirmó la fecha, le practicarán una cesárea en el transcurso de la semana próxima. La decisión la comunicó el gobierno provincial pese a la negativa por parte del Hospital.
La ley vigente contempla la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas en caso de riesgo en la vida del cuerpo gestante. Además, en 2012, la Corte Suprema dictó el fallo FAL en donde se aclaró que el aborto es legal en todos los casos de violación y que la persona debe acceder al derecho sin denuncia ni judicialización.
Polémica entre grupos Pro-Vida y a favor del aborto
Familiares de la víctima intentaron acelerar el aborto pero los médicos y autoridades del hospital se opusieron al alegar el alto desarrollo del feto que llevaba ya 6 meses de gestación. Junto a manifestantes Pro-Vida y grupos eclesiásticos buscaron convencer a la víctima de continuar con el embarazo y dar al bebé en adopción.
"Inducir el parto en este momento puede generarle al bebé una parálisis cerebral", afirmó Marcelo Briones, jefe de la maternidad. "No estamos pidiendo que se lleven al bebé a la casa, lo que queremos es que el bebé nazca vivo y tenga una buena calidad de vida", concluyó Briones.
Querían extender la gestación entre seis y ocho semanas más ya que hoy el feto pesa 700 gramos y podría traer complicaciones futuras de nacer prematuro. "Se trata de un caso muy delicado y peligroso para la menor. Lo más aconsejable para la salud de la niña y el bebé es un parto inducido", dijo el centro de salud.
El Obispo de Jujuy, César Fernández, envió una carta desde Roma en donde pedía la "oración de la comunidad" y solicitó: "Rogamos que el caso se resuelva de la mejor manera, sin aumentar dolor al dolor, salvando las dos vidas".
Los políticos jujeños también se involucraron en el caso y dentro de las manifestaciones se presentaron la diputada nacional radical Gabriela Burgos (Pro-Vida) y el concejal capitalino Guillermo Alemán, del FIT, a favor del aborto.
Recurso de amparo
Dos abogados, Roberto Alemán y Fernando Bóveda, presentaron un recurso de amparo a la fiscalía recurriendo a las normas internacionales de protección a la vida afirmando que había matrimonios dispuestos a adoptar al bebé.
El fiscal de turno, José Alfredo Blanco afirmó al diario local, El Tribuno, y dijo que la fiscalía no intervendría. "La decisión debe tomarla la familia y los médicos", dijo.
(https://www.lanacion.com.ar/2211717-jujuy-realizaran-aborto-legal-nina-12-anos?fbclid=IwAR1a07epVyqDfx_joc-weFR9kWrNgdMcRO0RCPirFjLmSa-VzPHH4Zo-fsI)
Niñas y niños sin certificado de nacimiento o defunción, adolescentes que desaparecen o abandonan el lugar de origen, más el suicidio de adolescentes que lastima a los integrantes de las comunidades originarias, no así a los que lo producen , ya que es un objetivo político de orden nacional y provincial, convalidado en las esferas del poder judicial, necesitado para hacer tiempo o encubrir acciones ilegales,tal en el caso de contaminación ambiental y en otro que atenta contra los derechos de pueblos originarios . En fin, un ambiente sofocado, restringido. Acaso, pueden comprender mejor con el concepto gueto de apartheid o simplemente algunos valores de los supremacistas blancos con que marginan a las comunidades mediante el poder económico, el poder político y la filosofía capitalista. Tanto que diariamente pueden configurar a los originarios como la basura del colonialismo ambiental. Tal vez puedan deducir el sentido de un Estado terrorista que se define como un gobierno que emplea los recursos económicos, sociales y militares del Estado en la persecución y amedrentamiento, en este caso, de las comunidades originarias. Más con un sistema educativo condicionante, de chantaje, de ofuscación, imposición, marginación , exclusión social. Tanto es, que filosóficamente e intencionalmente han olvidado el objetivo fundamental de la educación: Enseñar a vivir.
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