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Victoria histórica del derecho a la vida en Estados Unidos. La Corte Suprema ha derogado de facto la sentencia del caso Roe contra Wade, que en 1973 convirtió en constitucional el derecho a abortar, y devuelve a los 50 Estados la potestad de legislar sobre el asunto. Se estima que 26 de ellos están dispuestos a derogar o limitar mucho la posibilidad de abortar.
(InfoCatólica) La Corte ha fallado en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, una clínica abortista de la capital de Misisipi. El tribunal debía decidir sobre la constitucionalidad de una ley de el estado sureño, de 2018, que ilegalizaba el aborto después de las primeras 15 semanas de embarazo.
«Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo», señala la sentencia que firma el juez Samuel Alito con el apoyo de Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, a quienes finalmente se ha sumado el presidente de la Corte, John Roberts. Gorsuch, Kavanaugh y Coney fueron nombrados por Donald Trump, cuya presidencia de solo cuatro años ha resutado ser decisiva para la causa provida.
«Con dolor –por este Tribunal, pero más, por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental– disentimos», han escrito los jueces contrarios a la sentencia.
Lo que en realidad se dirimía era la vigencia de la sentencia de Roe contra Wade. Por seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema ha devuelto la esperanza a quienes llevan décadas luchando en el parís norteamericano por defender el derecho a nacer y ha logrado una victoria para la causa provida que puede tener repercusiones a nivel mundial.
¿Qué viene ahora?
Ahora es el turno de los estados donde la mayoría de la población ha elegido a representantes provida: Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Míchigan, Misisipi, Misouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.
Trece de esos 26 estados tienen preparados textos conocidos como trigger laws (leyes gatillo), que prohiben o limitan el aborto y pueden activarse o en los próximos días o semanas. Dos estados, Texas y Oklahoma, ya tienen en vigor leyes muy restrictivas, aprobadas en los últimos meses que equivalen a una prohibición casi total.
Durante este pasado fin de semana, en las parroquias del Obispado de Sant Feliu de Llobregat, la Pastoral de Salud de la diócesis ha distribuido a los fieles el artículo “Eutanasia en cifras: argumentos para el debate”.
Este texto recoge cifras y datos, sobre los principales países donde la eutanasia es legal, y «se quiere contribuir a un debate sereno y realista», afirma la pastoral.
Esta recopilación de datos, “Eutanasia en cifras: argumentos para el debate” ha sido preparada por el Obispado de Sant Feliu de Llobregat con la colaboración de la Asociación Catalana de Estudios Bioetiocs (ACEB).
Actualmente, solo ocho países en todo el mundo tienen legalizada la eutanasia, entre ellos España. Por desgracia, los datos reflejan un significativo aumento de eutanasias realizadas.
En Bélgica la eutanasia se ha multiplicado por más de 10 veces en 18 años, de 235 a 2.699 casos. En este país, casi la mitad de las enfermeras admiten haber participado en eutanasias sin la petición explícita del paciente. En 2013, en la región de Flandes, se aceleró la muerte sin petición explícita a 1.047 pacientes. Supone el 25% del total de las muertes provocadas y el 1,7% del total de fallecimientos.
En Holanda la eutanasia se ha incrementado más del 400% en 18 años, de 1.815 a 7.666. En los Países Bajos, ya en el año 2015 se reconocen 431 personas que recibieron la eutanasia sin requerimiento explícito. En Canadá la eutanasia ha aumentado más del 250 % en tres años, de 2.838 a 7.595.
El suicidio asistido se ha convertido en un gran negocio para algunos. En Holanda, una clínica especializada en aplicar la eutanasia, recibe de las compañías de seguros 3.000 euros por cada eutanasia. El Parlamento de Canadá prevé una reducción del gasto sanitario de casi 100 millones de euros por la aplicación de la eutanasia en el año 2021.
El informe detalla que cada vez se incluyen más casos de enfermos que no están en situación terminal, enfermos psiquiátricos o con demencia, menores de edad o personas que están «cansadas de vivir».
En España, desde que entró en vigor la ley de eutanasia, apoyada por todos los partidos a excepción de PP, VOX y UPN, se han recibido 130 solicitudes de las que se han realizado 50 eutanasias. Algunas se han rechazado y la mayoría están pendiente de aprobación.
Solo han facilitado datos 10 comunidades. Como dato significativo, tres de cada cuatro eutanasias han sido aplicadas en Cataluña y País Vasco.
En España no existe una ley de Cuidados Paliativos que asegure esta atención médica. Se calcula que el 60% de los enfermos que necesitan cuidados paliativos específicos no los reciben, unos 77.000.
De este modo, España se sitúa en el puesto 31 de Europa en equipos de cuidados paliativos, entre Rumanía y Moldavia.
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