POR ANDREA GAGLIARDUCCI | ACI Prensa
Con el pretexto de exigir a la Santa Sede que tome todas las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual, un grupo de “expertos” de la ONU emitirá un comunicado el lunes 21 de junio para obligar al Vaticano y a la Iglesia Católica a entregarse al aborto y la ideología de género.
Dado que la sesión del Consejo de Derechos Humanos está programada para iniciar el 21 de junio, expertos de la ONU, incluidos varios relatores especiales sobre el tema de derechos humanos, publicarán una declaración para instar a la Santa Sede a tomar todas las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual.
El comunicado, que va más allá de las capacidades de los expertos de la ONU, cae en los intentos de socavar la doctrina católica utilizando los escándalos de abuso sexual.
En febrero de 2014, un informe del Comité de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño llegó al punto de preguntar por la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana y el derecho canónico. En mayo de 2014, un informe del Comité de la Convención de la ONU contra la Tortura trató de considerar el abuso de niños como tortura para presionar a la Santa Sede a tomar medidas.
En diciembre de 2019, Maud de Boer-Buquicchio, la Relatora Especial de la ONU sobre la venta y la explotación sexual de niños, elogió la decisión del Papa Francisco sobre el levantamiento del secreto pontificio de los procedimientos legales sobre abuso, pero también instó al Vaticano a “hacer cumplir los informes obligatorios para todo el clero y el personal que tenga conocimiento de estos actos atroces”.
Al final, el alcance último de estas declaraciones es obligar a la Santa Sede a cambiar el derecho canónico para adaptarlo a un “protocolo de derechos humanos” que sutilmente respalda o menciona la “perspectiva de género” y los “derechos sexuales y reproductivos” (es decir, presionar por el derecho al aborto).
En el comunicado, que CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– vio de antemano, los “expertos” se refieren a una carta dirigida a la Santa Sede en abril de 2021, donde expresaron “la mayor preocupación por las numerosas denuncias en todo el mundo de abusos sexuales y violencia cometidos por miembros de la Iglesia Católica contra los niños, y sobre las medidas adoptadas por la Iglesia Católica para proteger a los presuntos abusadores, encubrir delitos, obstaculizar la rendición de cuentas de los presuntos abusadores y evadir las reparaciones debidas a las víctimas”.
Los “expertos” se quejaron de que los concordatos y acuerdos de la Santa Sede con los Estados “limitan la capacidad de la autoridad civil para cuestionar, obligar a la producción de documentos o enjuiciar a personas asociadas con la Iglesia Católica”, y pidieron a las autoridades de la Santa Sede “que se abstuvieran de prácticas obstructivas y cooperar plenamente con las autoridades judiciales y policiales civiles de los países interesados”.
El comunicado también apunta a dos principios católicos. El primero es el secreto de confesión, que impide a los sacerdotes que escuchan una confesión denunciar los delitos a las autoridades civiles.
El 1 de julio de 2019, la Penitenciaría Apostólica emitió una nota para reiterar que el secreto de confesión es inviolable. La nota respondió a los crecientes ataques al secreto de confesión en muchos países, como Australia y Chile.
El segundo principio es el de la soberanía de la Santa Sede. Los “expertos” quieren específicamente que desaparezca la distinción entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, que garantiza la protección de la libertad religiosa, de modo que los estados puedan tener plena jurisdicción sobre la Iglesia católica.
La carta da seguimiento al comunicado de Maud de Boer-Buquicchio, ex Relatora Especial de la ONU sobre la venta y la explotación sexual de niños, que será firmado por otros cuatro relatores especiales. Los relatores especiales son parte del sistema de la ONU, trabajan de forma voluntaria y son independientes de cualquier gobierno u organización.
La carta de abril enviada a la Santa Sede enumera varios casos: el informe de la Conferencia Episcopal Alemana de 2018 sobre abusos; la comisión sobre abusos creada por la Conferencia Episcopal Francesa; el tema de las residencias en Canadá que el Papa abordó recientemente al final del Ángelus del 13 de junio; el informe chileno sobre abusos que enumera 344 denuncias; las 12 denuncias de abuso divulgadas por el Arzobispo de Bogotá en Colombia en 2019; el caso del Instituto Provolo en Argentina; y también el caso de los abusos dentro de los Legionarios de Cristo.
La carta también se refiere a la participación de la Santa Sede en la Convención de los Derechos del Niño de 1990 y la Convención contra la Tortura.
Sin embargo, la solicitud de los expertos va más allá de su capacidad, conocimiento o autoridad. Los expertos no pueden instar a un Estado a adoptar procedimientos o modificar su legislación, ni pueden cuestionar cómo un Estado está poniendo en práctica sus propuestas.
No obstante, entre los expertos consultados por CNA, los expertos de la ONU están empeñados en usar su posición para “darle un pastel en la cara a la Santa Sede” a fin de impulsar cambios doctrinales en la Iglesia Católica y, al mismo tiempo, debilitar a la Santa Sede como Estado y actor en el ámbito internacional.
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