El secretario de Salud argentino, Adolfo Rubinstein, emitió una resolución polémica, luego del enfrentamiento con el Poder Ejecutivo por el aborto.
Una de las tantas distorsiones que tienen lugar en la economía argentina y que poca (casi nadie, para decir verdad) percibe, es la relativa a los precios de las obras sociales (servicios de cobertura médica prepaga). Además de las regulaciones de los precios, que tienen lugar por la permanente inflación relacionada a la emisión monetaria y al déficit, hay otra intervención gubernamental que complota con las necesidades de los que menos tienen. Cada dos por tres el Poder Ejecutivo o el Legislativo, en un arranque de «compromiso social» emiten dictámenes que obligan a las empresas a brindar determinados servicios.
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De esta manera se incluyeron como obligatorios en los planes generales los tratamientos relativos a la obesidad o para facilitar las fecundaciones, en casos de dificultad para obtener un embarazo natural. Cada vez que una normativa semejante se aprueba, el «logro» se festeja como un triunfo en materia de «derechos sociales». Esta mañana se confirmó, luego del escándalo del secretario de Salud y su enfrentamiento con el Ejecutivo por el aborto, que las obras sociales deberán garantizar de forma «gratuita» los medicamentos para acompañar los tratamientos de cambio de sexo.
Claro que nada esto es gratis y todo va a la cuenta de las empresas que, de una forma u otra, terminan adecuando los costos para permanecer en el negocio. Lo cierto es que muchas personas de escasos recursos, que probablemente no cuentan con cobertura por trabajar en el mercado informal («en negro») se ven perjudicados por estas cuestiones. Cuando el Estado obliga a las empresas a dar servicios dentro del plan como los relativos a las operaciones por obesidad, a la fecundación in vitro, o como en este caso, para obtener los medicamentos para acompañar la terapia de modificación del sexo, termina complicando a los más necesitados que necesitarían adquirir un plan básico. Con todos los agregados de las «victorias sociales», lo único que se logra es impedir el ingreso al plan médico a personas de bajos ingresos que solamente necesitarían un plan para enfrentar las adversidades en materia de salud.
Ante la supuesta buena voluntad de «garantizar la identidad de género de las personas, entendida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo», el Estado no habrá hecho otra cosa que encarecer, de una forma u otra, la cobertura privada de salud, dejando más personas fuera del sistema. Lo más grave es que son las que más lo necesitan.
(https://es.panampost.com/marcelo-duclos/2019/11/22/argentina-el-cambio-de-sexo-de-algunos-lo-terminan-pagando-todos/?fbclid=IwAR2Ri_2i4_NvrppT9NwkqDl0KXbuze6L1Tvvq802psYl5BRRdn4eNTFJLsE)
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