MÉXICO D.F., 09 Sep. 13 / 09:21 am (ACI/EWTN Noticias).- El abogado Adrián Rodríguez Alcocer advirtió de los peligros éticos contra la dignidad humana que conlleva la aprobación de una ley de maternidad subrogada, o vientre de alquiler, como la cosificación del embrión humano y de la mujer que servirá para albergar la nueva vida.
En un artículo publicado en el Servicio Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), el abogado egresado del del Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), señaló que “los promotores de estas prácticas de ‘vientres de alquiler’ suelen disfrazarlas como una opción para las parejas que no pueden concebir y como un acto altruista en el que una mujer ‘bondadosa’ acepta llevar al hijo de otra”.
“Sin embargo, aunque puede ocurrir una subrogación con esas características, la experiencia en otros países demuestra que se trata de la minoría de los casos. Además, aunque así fuera, es importante conocer los numerosos riesgos y problemas vinculados con el tema, ante la posibilidad de que se legalice su práctica en el Distrito Federal y en todo el país”, advirtió.
En primer lugar, indicó, “la maternidad subrogada cosifica a los seres humanos” al convertir a los futuros bebés, “desde que son embriones, en una mercancía que, con la excepción de uno o dos, será desechada, y sólo servirá para asegurar que quienes han contratado el procedimiento puedan tener un hijo”.
“Respecto a las mujeres que los gestan, se convierten en una especie de incubadora puesta a la renta de los deseos de otras personas”, añadió el abogado, que trajo a la memoria el caso de la India, donde parejas adineradas “recurren a jóvenes económicamente vulnerables, que ven en la renta temporal de su cuerpo una salida temporal a sus condiciones de pobreza”.
Asimismo, indicó que el vientre de alquiler “también genera problemáticas de filiación y derechos de paternidad”. Además, se trata de una práctica que “no es un derecho a la salud”.
“Es muy frecuente que los promotores de estas prácticas lo presenten como una política de salud a la que tienen derecho los ciudadanos; sin embargo, tener derecho a los servicios de salud no incluye cumplir el ‘deseo’ –legítimo– de los ciudadanos a tener hijos y que, además, el Estado pague por ello”, expresó.
Finalmente, tras añadir que el sistema jurídico mexicano “no está preparado para regular y resolver satisfactoriamente las complejas situaciones que surgen de esta figura”, el abogado subrayó que “la vida y la dignidad humana deben prevalecer por encima de intereses particulares, por legítimos que éstos sean”.
En un artículo publicado en el Servicio Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), el abogado egresado del del Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), señaló que “los promotores de estas prácticas de ‘vientres de alquiler’ suelen disfrazarlas como una opción para las parejas que no pueden concebir y como un acto altruista en el que una mujer ‘bondadosa’ acepta llevar al hijo de otra”.
“Sin embargo, aunque puede ocurrir una subrogación con esas características, la experiencia en otros países demuestra que se trata de la minoría de los casos. Además, aunque así fuera, es importante conocer los numerosos riesgos y problemas vinculados con el tema, ante la posibilidad de que se legalice su práctica en el Distrito Federal y en todo el país”, advirtió.
En primer lugar, indicó, “la maternidad subrogada cosifica a los seres humanos” al convertir a los futuros bebés, “desde que son embriones, en una mercancía que, con la excepción de uno o dos, será desechada, y sólo servirá para asegurar que quienes han contratado el procedimiento puedan tener un hijo”.
“Respecto a las mujeres que los gestan, se convierten en una especie de incubadora puesta a la renta de los deseos de otras personas”, añadió el abogado, que trajo a la memoria el caso de la India, donde parejas adineradas “recurren a jóvenes económicamente vulnerables, que ven en la renta temporal de su cuerpo una salida temporal a sus condiciones de pobreza”.
Asimismo, indicó que el vientre de alquiler “también genera problemáticas de filiación y derechos de paternidad”. Además, se trata de una práctica que “no es un derecho a la salud”.
“Es muy frecuente que los promotores de estas prácticas lo presenten como una política de salud a la que tienen derecho los ciudadanos; sin embargo, tener derecho a los servicios de salud no incluye cumplir el ‘deseo’ –legítimo– de los ciudadanos a tener hijos y que, además, el Estado pague por ello”, expresó.
Finalmente, tras añadir que el sistema jurídico mexicano “no está preparado para regular y resolver satisfactoriamente las complejas situaciones que surgen de esta figura”, el abogado subrayó que “la vida y la dignidad humana deben prevalecer por encima de intereses particulares, por legítimos que éstos sean”.
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